Debido a la trascendencia del quehacer gubernamental, la administración pública de riesgos es una especialidad de primer orden. Conoce sobre su importancia y cómo trabaja para proteger todas las operaciones y acciones de gobierno.
Las responsabilidades derivadas de las tareas gubernamentales, la integridad personal de los servidores públicos, los recursos del erario, las posesiones, los bienes bajo custodia y de propiedad pública, así como las obligaciones de los particulares ante la administración pública, involucran una gran cantidad de recursos financieros, materiales y técnicos que están expuestos a quebrantos patrimoniales de diferentes naturalezas y alcances.
Es por ello que, cuando en una entidad gubernamental se presentan siniestros trascendentes, ya sea por monto o por su impacto social, y cuyas consecuencias pueden superar sus márgenes de maniobra, resarcimiento y solvencia, pueden colocarla en situaciones de indefensión e inestabilidad, ya que su impacto es impredecible y desconocido.
¿QUÉ ES LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RIESGOS?
Es en este contexto que involucra a situaciones de peligro e inseguridad que surge un concepto que cobra un significado de elemental importancia: la administración pública de riesgos.
En palabras del Mtro. Luis Alberto Ortiz Castañeda, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, la administración pública de riesgos es “la especialidad multidisciplinaria que aprecia, estudia y determina, con estricto apego a la técnica y al derecho, las características, montos, tipos, magnitudes consecuenciales y grados de exposición a riesgos de quebranto patrimonial de las personas, posesiones, bienes, responsabilidades y recursos del erario, a fin de retenerlos en los programas de autofinanciamiento de pérdidas y/o en los programas de créditos fiscales para los servidores públicos, o cederlos bajo contratos de seguros o de fianza a las compañías autorizadas en el mercado mexicano.”
Dentro de la dinámica de la administración pública de riesgos, la actividad aseguradora es una materia preponderante. Y es que el conjunto de bienes muebles e inmuebles que integran el patrimonio de las instituciones del Estado debe ser debidamente protegido, y su inversión debe ser resguardada y asegurada, asignando una partida presupuestal específica en el gasto público y operando con la estructura de administración de riesgos.
Sin embargo, como hace ver el Mtro. Ortiz, los intereses asegurables y la estructura de la administración pública de grandes riesgos, atípicos, especiales y únicos representan retos diferentes a los de la administración de riesgos en el sector privado. De hecho, reconoce que la “administración pública de riesgos opera con grandes apuros por la cuantía, especialidad, responsabilidad, catástrofe o atipicidad de los bienes asegurables.”
En ese tenor, asegura que las posesiones, bienes de propiedad, recursos del erario y responsabilidades públicas requieren de mecanismos de compensación y resarcimiento económico contra daños materiales, pérdidas e incumplimiento que pueden quebrantar el patrimonio del Estado confiado a la administración pública.
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RIESGOS Y SOLUCIONES A LA MEDIDA
Si la administración pública de riesgos es un área muy especializada, también lo deben ser las soluciones que atiendan este tipo de necesidades tan específicas y complejas a la vez. Las hay, y se engloban bajo el paraguas de SINESTRY.
SINESTRY es un novedoso sistema integral que comprende sistemas de información, una robusta y flexible metodología, personal experimentado en la atención de siniestros públicos de alto volumen o de grandes pérdidas, así como un acompañamiento jurídico durante todo el proceso de gestión del siniestro.
Específicamente, para las entidades públicas SINESTRY ofrece tres tipos de especialidades:
- Alto volumen de siniestralidad
- Control de obras de construcción
- Siniestros trascendentes en la administración pública
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